MercoPress. South Atlantic News Agency

Debate sobre la Ley de Adquisición de Tierras.

A instancias de la Consejera Sharon Halford se celebró el jueves 10 de agosto un debate en la radio de Stanley donde se discutió sobre la Ley de Adquisición de Tierras 1999.

Se trata de un proyecto que aborda un tema significativo para una sociedad como las Falklands-Malvinas, con fuertes raíces rurales y dónde la posesión y propiedad de la tierra están directamente vinculados a su historia y su economía original basada en la ganadería.

Cuando el año pasado se elevó la ley a consideración del Consejo Legislativo se entendió que el tema merecía un mayor análisis y se designó una Comisión Selecta, con Sharon Halford actuando en la secretaría. Del debate radial participaron los Consejeros Sharon Halford, Michael Summers, el Fiscal General David Lang, Lisa Riddell del Penguin News y Ron Binnie.

La ley en cuestión pretende actualizar legislación de principios del siglo pasado, ajustándola a lo previsto en la actual Constitución, buscando un equilibrio que refleje adecuadamente el interés público, --motor de la adquisición--, y los derechos individuales.

La ley establece la necesidad de una justificación para la adquisición compulsiva por parte del gobierno y un pago compensatorio rápido y adecuado.

Al decidir la aplicación de la ley, el Gobernador tiene que estar seguro que:

a) sólo se puede adquirir la tierra en cuestión apelando a la adquisición compulsiva; b) la adquisición compulsiva tiene que estar razonablemente justificada en una sociedad democrática. c) el Gobernador tiene que estar convencido que la adquisición se hace efectivamente en el interés público. d) finalmente que se pagará la adquisición de forma inmediata, y adecuadamente.

El debate se centró en el alcance de la definición de términos como "razonablemente justificable", el equilibrio entre el interés público y privado, mejor entendido en nuestros días como materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que la tradición consuetudinaria británica contempla la adquisición de tierras, supuestamente en el interés público, por parte de la Corona, o más bien el derecho de reasumir la posesión, del momento que originalmente todo era propiedad de la Corona. Justamente para evitar lo que se consideran aspectos arbitrarios de esa legislación, es que se insiste en la nueva redacción, a rueda con una sociedad democrática.

Algo similar se planteó con respecto a la redacción de "interés público", y lo d